Investigadoras a cargo: Ixkic Bastian Duarte y Alba Patricia Hernández Soc
Con la creación de la Reserva de la Biosfera Maya, el territorio del departamento de Petén, Guatemala, fue dividido en zonas núcleo –sin presencia de asentamientos humanos, zonas de uso múltiple, corredores y otras categorías que delimitan usos permitidos y prohibidos. Se trata de una cartografía técnico-ambiental que esconde relaciones de poder e invisibiliza la historia de las comunidades que habían llegado a la región bajo programas de colonización o como consecuencia directa del conflicto armado, y que bajo las normas ambientales, se convierten en “ocupantes ilegales” o “invasores de áreas protegidas”. Este es el caso de Laguna Larga y de las otras comunidades que han sido desalojadas este siglo en los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón. Según el conteo de las propias comunidades aproximadamente 60 mil personas viven bajo amenaza de desalojo, y 8 comunidades han sido desalojadas.
El régimen de tenencia que se instala en el marco de las normas ambientales perpetúa la desigualdad: existen parcelas campesinas sin garantías plenas y grandes propiedades de capitales agroindustriales, que gozan incluso de protección armada. En las zonas de uso múltiple se crean concesiones forestales comunitarias que, en apariencia, reconocen derechos colectivos y promueven el manejo sostenible. Esos arreglos están atravesados por criterios de mercado, certificaciones internacionales y dispositivos técnicos que hacen que el acceso a la tierra y al bosque esté condicionado y sea revocable. En estos casos, la comunidad se transforma en sujeto gestor bajo supervisión estatal o de organizaciones y agencias de cooperación.
Frente a esto, las comunidades asentadas en las llamadas área núcleo y aquellas que tienen amenaza de desalojo, han respondido con recursos legales (denuncias, amparos, propuestas de ley para el manejo comunitario de áreas protegidas), con acciones en el sistema interamericano, (como las medidas cautelares obtenidas por Laguna Larga), al tiempo que impulsan prácticas cotidianas de organización, apoyo y producción de memoria, entre otras. La decisión de Laguna Larga de mantenerse unida como comunidad en la línea fronteriza, conservando su nombre y sus formas organizativas, es un ejemplo elocuente de resistencia: al rehusarse a disolverse en la anonimidad de la migración o de los barrios urbanos, mantiene vivo un sujeto colectivo que interpela al Estado, cuestiona la narrativa conservacionista dominante y visibiliza, de manera sostenida, la existencia de una problemática de derechos humanos y justicia territorial al interior de la Reserva de la Biósfera Maya.
Considerando al ambientalismo como una forma de intervención estatal, vinculada a la agudización de la violencia y al fortalecimiento del militarismo en Petén, exploraremos cómo han sido las respuestas comunitarias y qué formas de relación con el territorio plantean. Para lo anterior recurrimos a dos ventanas analíticas: los casos de desalojo y amenaza de desalojo en Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre, y los retornados de la cooperativa Unión Maya Itza.
